Detención, asesinato y/o desaparición en el exilio

Más de medio centenar de chilenos exiliados fueron detenidos, asesinados y/o hechos desaparecer en el extranjero por agentes del Estado chileno y civiles a su servicio durante los años de la dictadura. Estos actuaron, la mayoría de las veces, en connivencia con agentes policiales y de servicios de seguridad de otros países.

Estos crímenes han sido objeto de diversas investigaciones que han contribuido a esclarecer lo ocurrido durante esos años y la forma de operar de los aparatos represivos de Chile y de la región, principal pero no únicamente mediante la llamada Operación Cóndor, promovida y coordinada por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA).

La DINA y sus conexiones con el exterior

El origen de la DINA tiene una larga data. Ya en noviembre de 1973 (y quizás antes de esa fecha en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes) existió un grupo de mayores y coroneles, esencialmente del Ejército, cohesionado ideológicamente en contra de los postulados revolucionarios y latinoamericanistas de Ernesto Guevara y de sus posibles repercusiones en Chile. Funcionó en la Escuela Militar después del golpe como “Comité de Coroneles”, se prolongó en la “Comisión DINA” en noviembre de 1973, y más tarde derivó en la DINA propiamente tal.

Formalmente la DINA fue legalizada el 14 junio de 1974 por el Decreto Ley N° 521. Dotada de un enorme poder, la institución dependía de la Junta de Gobierno, pero en el hecho respondió ante el Presidente de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército. Cuestionada nacional e internacionalmente por su actuar secreto y por cometer numerosos y reiterados atropellos a los derechos fundamentales –involucrada hasta en el asesinato en la capital de Estados Unidos (1976) de un Ministro de Estado de Salvador Allende-, fue disuelta 13 de agosto de 1977 por el Decreto Ley N°1.876 en vista a “la conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto interno ya superado”.

El mismo día de la disolución de la DINA y mediante el Decreto Ley N°1.878 la dictadura creó la Central Nacional de Informaciones (CNI). Este nuevo organismo de inteligencia fue similar a su antecesor en cuanto a su definición, características, funciones y objetivos. Recibió su personal y patrimonio y funcionó hasta el año 1990. A diferencia de la DINA, dependió del Ministerio del Interior y no de la Junta de Gobierno. Lo anterior muestra que estos organismos estuvieron a cargo de la represión política y la contrainsurgencia desde antes del golpe militar hasta el término mismo de la dictadura.

Los postulados de la DINA, de los grupos mencionados y de otros sectores uniformados y civiles que surgieron antes y después de 1973 se caracterizaron por un pertinaz antimarxismo y anticomunismo, lo que los vinculaba a la contrainsurgencia regional. Propugnaban que la guerrilla es una verdadera guerra, una guerra dirigida desde Cuba, que es hipócrita porque no se declara como tal; que además es una guerra que no respeta ninguna ley bélica ni moral. En vista a lo anterior, sostenían, los Estados deben responder mediante la contrainsurgencia a nivel local y continental.

Entre las justificaciones para su actuar estos grupos destacaban que: a) el contrainsurgente o luchador contra la guerrilla es una especie de héroe que sacrifica su vida física y su integridad moral para que los demás puedan gozar de ésta y de los beneficios de la sociedad libre; b) la seguridad nacional, como valor supremo, estaría por encima de la ética, formulándose así una vuelta a la antigua “razón de Estado” que como ésta autorizaría -en casos extremos declarados subjetivamente por la autoridad- la violación de derechos individuales por motivos de supuesto interés general.

Amparados bajo esos conceptos los servicios de seguridad cometieron todo tipo de violaciones a los derechos de las personas dentro y fuera de Chile. Esto último fue corroborado por el hallazgo de centenares de documentos que así lo demuestran y que evidencian la coordinación que se estableció a partir de 1975 entre los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y de alguna manera Brasil, para eliminar la “subversión” en el continente, y de la iniciativa de la dictadura chilena para la creación de esa alianza. Los documentos en cuestión fueron encontrados en Asunción, Paraguay en diciembre de 1995.